3.8 Propuestas de Privatización

La corriente de privatización de empresas públicas inicia en Reino Unido, en los años del gobierno de Margaret Thatcher y este movimiento se extiende a diversos países. En Latinoamérica, Chile es el primer país en desarrollo en iniciar este proceso. A nivel internacional, la privatización se convierte en una de las recetas de la política económica “sana”, recomendada por el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el Banco Mundial. El secretario del Tesoro de Estados Unidos también adopta esta receta. Se hace popular en todo el mundo y se divulga  la privatización como sinónimo de efiicientización, modernización y saneamiento de las finanzas públicas.
Los objetivos de las privatizaciones puede ser diversos: aumentar la eficiencia del gobierno y de las empresas privatizadas, así como el de la economía en general; democratizar la propiedad extendiendo la participación de los ciudadanos; disminuir el déficit presupuestal del gobierno; aumentar los ingresos del estado o fortalecer el mercado de capitales, entre otros. Otras razones pueden ser el fortalecer las finanzas públicas; canalizar los pocos recursos del sector público adecuadamente, en áreas estratégicas y prioritarias; eliminar gastos y subsidios no justificables social o económicamente; promover la productividad de la economía, trasladando parte de esta tarea al sector privado o optimizar la eficiencia del sector público, reduciendo el tamaño de su estructura.
Aunque en la práctica algunos señalan que la razón principal de la privatización es la necesidad de restaurar la alianza estratégica con el sector privado, ya que las privatizaciones nunca han sido una demanda social como algunos gobiernos han pretendido justificar.

La privatización fue una de las condiciones impuestas por organismos internacionales para brindar asistencia al país y los recursos sirvieron en parte para hacer frente a la falta de divisas. La rapidez con la que se extendió por el mundo esta corriente privatizadora se explica en parte porque coincide con la desilusión generalizada hacia el Estado y sus excesos. En México, esta corriente coincide con el inicio del gobierno de Miguel De la Madrid y el desprestigio de los excesos de los gobiernos priístas anteriores. Se abandona entonces la política progresista y nacionalista y se adopta una política de carácter neoliberal.

El proceso de privatización en México tiene tres etapas:

• 1984 a 1988. Se realiza la privatización de varias y diversas empresas.
• 1988 a 1999: Se privatiza a fondo varios sectores, como el Siderúrgico, la Banca y la Telefonía.
• 1995 a 2000: Se profundiza aún más y se realizan cambios constitucionales para vender los ferrocarriles y la comunicación vía satélite.

La privatización en nuestro país se ha caracterizado por su falta de información y de transparencia, además de la sospecha de corrupción. No se recuerda un caso donde haya habido un beneficio real para el país. Los mexicanos no ganamos nada con la venta de Telmex, por ejemplo, a excepción de contar con un mexicano que encabeza la lista de los hombres más ricos del mundo. Centenares de empresas públicas se privatizaron a partir del sexenio de De la Madrid en 1982, entre las que se cuentan los bancos, teléfonos, ferrocarriles, aerolíneas, industria siderúrgica e industria azucarera, y los fracasos de los empresarios privados le ha costado al país una cantidad cercana a los 110 mil millones de dólares. Sólo en la privatización de la banca el gobierno mexicano obtuvo 13 mil millones de dólares, pero gastó siete veces más, 90 mil millones de dólares, para rescatarla. En forma descarada, se endeudó el país para cubrir pérdidas privadas.
Además los procesos de privatización en México han sido poco transparentes y con resultados paradójicos, ya que en algunos casos la mejor oferta no fue la ganadora, pero eso sí, la privatización ha recibido el apoyo unánime de sus principales beneficiados, las organizaciones empresariales.
En su último informe de gobierno Miguel de la Madrid manifestó que privatizó un total de 118 empresas del sector paraestatal. La privatización de entidades públicas ha representado uno de los peores negocios para los contribuyentes mexicanos, las privatizaciones iniciadas desde 1982 ha generado para el fisco ingresos por 31 mil 538 millones de dólares, pero se ha endeudado por más de 110 mil millones de dólares para financiar el fracaso de los particulares que adquirieron esas compañías. El costo de los rescates bancario, carretero, de ingenios y líneas aéreas sumó una cantidad equivalente a casi cuatro veces los ingresos obtenidos por la privatización de empresas públicas de 1982 a la fecha, superando incluso en 38% el saldo de la deuda externa del sector público.
Según informes de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, los ingresos por privatizaciones que obtuvo el país entre 1982 y 2001 sumaron 32 mil millones de dólares. Esa cantidad representa el 29% de los 110 mil millones de dólares a que equivalen actualmente las deudas asumidas por el Estado a consecuencia de los rescates de la banca, de las autopistas concesionadas, las aerolíneas y los ingenios.
A menos que se profese una visión de extrema derecha, es casi imposible no reconocer las ventajas de la nacionalización del petróleo. En consecuencia, la opinión de grandes sectores de la población, de la mayoría de intelectuales y académicos, incluso de algunos personajes del sector privado, es de reticencia y prevención a cualquier intento por modificar sustancialmente la función que desempeña Pemex en el financiamiento público de actividades que van desde el gasto social, al subsidio de otras actividades económicas.
Los dos ex secretarios de Hacienda, David Ibarra Muñoz y Jesús Silva Herzog, han señalado que la política de privatizar empresas públicas en busca de mayor eficiencia económica está agotada y afirmaron que continuar por ese camino en el caso de la pretendida apertura al capital privado de las paraestatales Pemex y CFE, conduciría irremediablemente al fracaso y a la pérdida de soberanía económica. Datos oficiales nos dicen que el beneficio fiscal de la privatización de empresas públicas es mucho menor que el costo que asumió el gobierno federal, para rescatar a sectores completos como el bancario, de la quiebra en que cayeron al ser administrados por los particulares que los compraron al Estado.