2.10 Desarrollo Compartido

En 1970, Luis Echeverría tomó posesión como presidente. La sucesión presidencial no fue sólo el cambio de hombre, sino el cambio de retórica. En palabras de la maestra Valeria Zepeda: “El Desarrollo Compartido fue un plan de corte populista que buscaba compartir los beneficios del crecimiento y una alianza entre obreros y campesinos”.
En los primeros meses de la presidencia de Echeverría el nivel de actividad económica estaba deprimido, en parte por el menor gasto gubernamental por ser inicio de sexenio. Para poner en marcha a la economía se decidió llevar a cabo varios proyectos de inversión, aun cuando éstos no fueran relevantes. El objetivo era aumentar la producción en el corto plazo.
Como economistas, más que el nivel del PIB o su tasa de crecimiento, lo que debemos analizar es el bienestar de los individuos. La reactivación de la economía vía gasto del gobierno aumentará la producción, pero si este gasto no es utilizado en la creación de bienes o en la inversión de proyectos lo suficientemente valiosos para la sociedad, entonces el gobierno tan sólo empeorará la situación de las personas pues estará desviando recursos a actividades de poca productividad.
Para el año siguiente, la recaudación aumentó, pero el gasto público se incrementó en más del doble (10.4% contra 21.2%). El déficit fue cubierto, en cierta medida, por la emisión de billetes del Banco de México. Tanto la política fiscal, como la política monetaria tuvieron un sesgo expansionista. El PIB creció 8.5% en ese año.
La inercia de estas políticas continuó en los años siguientes. A medida en que el gasto crecía, éste fue cubierto vía la emisión monetaria del Banco Central, pero también mediante deuda externa (la cual de 1974 a 1976 se duplicó). Con ello se generaron presiones sobre el tipo de cambio, que comenzaba a estar sobrevaluado. Debido a ello, las importaciones se volvieron relativamente más baratas en relación a la producción local, propiciando así déficits en la balanza comercial. El proceso de reajuste cambiario se vislumbraba inevitable.
Ante este escenario, los inversionistas decidieron retirar sus capitales ante la inminente depreciación del peso. Si mantenían sus inversiones en México, éstas valdrían menos en relación con las inversiones hechas en alguna otra moneda. Esto desató una fuga de capitales, a pesar de los incentivos fiscales para contener su salida.
La presión cambiaria culminó en septiembre de 1976 cuando el tipo de cambio se devaluó 59%; esto en medio de una fuerte tensión entre el gobierno y el sector privado. Con el objetivo de evitar mayores conflictos políticos, Echeverría decidió subir los salarios, decisión que hizo más largo y doloroso el reajuste económico: la actividad industrial disminuyó, el consumo privado cayó y se generaron presiones inflacionarias.
Dos meses después, Echeverría dejó la presidencia para que José López Portillo la ocupara (vale la pena señalar que fue el único candidato registrado en dicha elección presidencial). La recuperación de las relaciones del gobierno con el sector privado fue de suma importancia para la nueva administración, así como la estabilización de la economía. El programa propuesto por el Fondo Monetario Internacional para recuperarse de la crisis fue cabalmente cumplido. El déficit en la balanza de pagos disminuyó, pero algo pasó a inicios de 1978: se descubrieron enormes yacimientos de petróleo en el sureste del país.
A López Portillo le gustaba decir: “los países del mundo se dividen en dos tipos: los que tienen petróleo y los que no lo tienen, y México tiene petróleo”. Así es como la economía retomó una vez más la senda del crecimiento inflacionario, el gasto del sector público aumentó más de 30% en ese año, en tanto que los ingresos fiscales no crecieron de manera significativa. Uno de los destinos del gasto fue el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), programa cuyo objetivo era lograr la autosuficiencia en la producción de alimentos, es decir, se buscaba encauzar los ingresos de la exportación de petróleo para la producción del campo, con la consigna básica de “sembrar el petróleo”.
El desequilibrio externo se hizo patente a través de una balanza de pagos deficitara y una constante sobrevaluación del tipo de cambio. Es curioso notar cómo una época de bonanza, como el descubrimiento de mantos petrolíferos, concluyó en un deterioro de la estructura económica. A este tipo de fenómenos se les conoce como la “enfermedad holandesa”.
La situación se volvió insostenible cuando en mayo de 1981 se dio una ligera caída en el precio del petróleo. Si bien la caída no fue muy grande, el problema fue el error de diagnóstico tanto del gobierno como de una parte del sector privado. Ambos consideraron que la caída de los precios del petróleo era un fenómeno transitorio, por lo que mantuvieron su nivel de gasto y financiaron el déficit vía deuda. En realidad, dicha caída inauguraría un  periodo de bajas sistemáticas en el precio del petróleo que terminaría por volver insostenibles los niveles de gasto público y elevaría los niveles de endeudamiento del sector público y del privado.
Una nueva devaluación se hizo presente. En febrero de 1982, el peso perdió casi la mitad de su valor frente al dólar. Las intenciones del gobierno por evitar una recesión fueron incongruentes. Por un lado, anunciaba el recorte en el gasto; pero, por otro, decidía aumentar los salarios. Parece que la historia se repite seis años después: devaluación, estrategias erróneas por contener la crisis y tensiones con el sector privado.
En esta ocasión, el conflicto fue con el sector bancario. En septiembre de su último año de gobierno, López Portillo tomó la inesperada decisión de expropiar a los bancos comerciales. Su razón (o excusa) fue que ellos provocaron la fuga de capitales que desembocó en la devaluación.